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El activista cannábico condenado a cinco años que pide el indulto

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El caso de Albert Tió, que puede entrar en prisión en cualquier momento, reabre el debate sobre la legalidad y el funcionamiento de los clubes de fumadores de cannabis. Su abogado ha recurrido al Constitucional

El activista cannábico Albert Tió.
El activista cannábico Albert Tió. EL MUNDO

Ante la falta de una normativa específica sobre los clubes de consumo de cannabis, los tribunales han sido los que en los últimos años han centralizado, no sin polémica, el debate sobre su legitimidad y funcionamiento. ¿Son legales o no lo son? ¿pueden sus socios cultivar plantas para el autoconsumo sin ser considerado traficantes? ¿dónde está la línea que separa el abastecimiento del tráfico de drogas?

En esta ecuación -para él limbo- está atrapado Albert Tió, uno de los activistas cannábicos de referencia del país, desde que hace seis años se interviniera un cultivo de marihuana de la asociación de usuarios de Barcelona de la que era secretario y que contaba con 1.000 socios. Tió debe cumplir cinco años de cárcel según la sentencia de la Audiencia de la ciudad condal que, después, confirmó el Tribunal Supremo.

Él busca el indulto y lo hace in extremis porque ya está fuera de plazo. Desde el pasado jueves, puede ser requerido en cualquier momento para entrar en prisión. «No soy un narcotraficante, soy un activista», sentencia. El Ministerio de Justicia todavía no se ha pronunciado.

Tió, que también es presidente de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, fue condenado por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita por los 34 kilos de marihuana que hallaron en una nave de L' Hospitalet de Llobregat para abastecer a la asociación. Junto a él, se sentaron en el banquillo otros socios del colectivo.

Su abogado, tras la condena del Tribunal Supremo, Héctor Brotons del despacho Brotsanbert (junto a Andres Berriol y Sonia Olivella) rechaza el fondo de este fallo al considerar que el proyecto de autoorganización de consumo de cannabis que representaba su cliente queda «muy alejado» de los delitos que se le imputaron y que pueden llevarle a la cárcel. «Además -precisa- los plantas no estaban bien pesadas ya que se incluyeron las hojas que, como todo el mundo sabe, no se fuman».

«Ante el avance de la regulación del cannabis en otros países de nuestro entorno, no podemos tolerar estas situaciones, que llevan a las personas usuarias y activistas por la regulación, a la cárcel, más aún cuando en el Estado español parece estar cerca la llegada la regulación integral de los usos del cannabis», argumenta.

El letrado ha presentado un recurso, que está pendiente de admisión a trámite, ante el Tribunal Constitucional al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales de Tió. «En primer lugar se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, en segundo lugar, el derecho a la igualdad en la medida en que se trata de diferente manera a los consumidores de cannabis que, por ejemplo, a los de alcohol o tabaco», expone.

A su juicio, la sentencia condenatoria también ataca al derecho de asociación y el de salud, entendiendo que estos colectivos son la vía para dispensar cannabis de una manera segura.

«Las asociaciones cannábicas son un lugar seguro para que, entre otras cosas, los enfermos que no tienen acceso al cannabis puedan hacerlo de forma informada y sin riesgos para su salud. De hecho, en la asociación de Barcelona de la que formaba parte Tió había un médico». Lo que Tió y sus socios perseguían con el club que idearon en 2011 era un punto para alejar el consumo del mercado negro.

Brotons llama la atención también sobre, insiste, la «desproporcionalidad» de la sentencia. «Condenan a más pena a las personas que dan la cara y que tienen todo en orden, hay que recordar que Tió tenía las correspondientes licencias del Ayuntamiento de Barcelona, que a los propios traficantes».

Tió fue uno de los impulsores de la iniciativa popular que alumbró a la ley de clubes de cannabis que aprobó el Parlamento de Cataluña en 2017, aunque posteriormente fuera declarada inconstitucional por invasión de competencias estatales. "Hay que recordar que son nueve las comunidades autónomas que han aprobado leyes o proposiciones no de ley que abogan por la regulación del cannabis terapéuticos y la mayoría de ellas también en relación con su consumo sin más", apunta Brotons.

A sus 53 años, lo que más le preocupa de su posible entrada en la cárcel son sus hijos de 16, 5 y 4 y la manera en la que tendrá que explicárselo. La amenaza inminente de pérdida de libertad ha provocado una rotunda ola de apoyo por parte del movimiento cannábico en España, quien se ha organizado para la recogida de firmas. El abogado de Tió vuelve sobre la sentencia y reitera: «supone un claro retroceso legal para un modelo asociativo que sigue siendo perseguido penalmente, a pesar de haber sido modelo de regulación en otros países».

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