Álvaro Colom Cablleros, expresidente de Guatemala entre 2008 y 2012.
El expresidente guatemalteco Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) encabeza la veintena de ciudadanos guatemaltecos señalados por actos de corrupción y actos antidemocráticos en la llamada "Lista Engel" difundida este jueves por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El exmandatario aparece señalado “en una corrupción significativa cuando participó en un fraude y malversación de un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala”, por lo que ha sido procesado.
Funcionarios y exfuncionarios de los tres poderes del Estado guatemalteco, abogados privados y un empresario, completan el listado difundido el jueves 1 de julio. Ningún funcionario del Ejecutivo del presidente Alejandro Giammattei está incluido en la Lista Engel.
Cuatro funcionarios de gobiernos guatemaltecos también son incluidos en la Lista Engel:
Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete presidencial de Guatemala durante el gobierno de Álvaro Colom es señalado “por su participación en corrupción significativa al facilitar los pagos a los congresistas representantes y jueces de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala para influir de manera inapropiada en el proceso de selección judicial de magistrados a la CSJ y el Tribunal de Apelaciones y asegurar su futura liberación de prisión y desestimación de cargos de corrupción”.
Gustavo Alejos, ex secretario privado de Álvaro Colom.
Señalan también a Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el gobierno de Otto Pérez Molina y excandidato presidencial en 2015, “se involucró en una corrupción significativa cuando participó en el soborno y financiamiento electoral ilegal, y el lavado del producto de corrupción para beneficio personal”. Sinibaldi enfrenta actualmente un proceso por corrupción.
Alejandro Sinibaldi
También Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones al mismo tiempo que Sinibaldi, “incurrió en una corrupción significativa cuando participó en esquemas de soborno, incluida su participación en una estructura criminal que presionaba, recolectaba y depositaba sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales”.
Elder Súchite Vargas, exministro de Cultura de Jimmy Morales.
Y el exministro de Cultura del gobierno de Jimmy Morales, Elder de Jesús Súchite Vargas, “participó en actos de corrupción importantes relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias para beneficio personal”.
El sistema judicial
Entre los nombres que resaltan se encuentra el magistrado de la Corte Constitucional, Néster Vásquez Pimentel, así como el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Duarte Barrera.
Vásquez Pimentel, según el documento, “ha socavado los procesos o las instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces para cargos de la alta corte”.
En el caso de Duarte Barrera, “ha socavado procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular la designación de jueces para los puestos de los tribunales superiores”, indicó el Departamento de Estado.
El enfoque sobre el Sistema Judicial guatemalteco también incluye a los exmagistrados Blanca Stalling Dávila y Mynor Moto Morataya.
Stalling “incurrió en actos de corrupción importantes al participar en esquemas de soborno e influir de manera inapropiada en el poder judicial. Ella está designada bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significative”, dice el domcumento.
En el caso de Moto Morataya, seleccionado en enero de 2021 para ocupar un puesto vacante en la Corte Constitucional, se le señala de que “participó en una corrupción significativa cuando obstruyó la justicia y recibió sobornos para una decisión legal favorable”.
También se señala a Juan Carlos Godínez Rodríguez, exintegrante de la comisión encargada de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, “señalado de socavar procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular la designación de jueces para los puestos de los tribunales superiores”.
Tres abogados miembros de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Raúl Amílcar Falla Ovalle, Moisés Eduardo Galindo Ruiz y Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, también fueron incluidos en la lista, señalados de “intentar retrasar u obstruir proceso penal contra exfuncionarios militares que habrían cometido actos de violencia, acoso o intimidación contra gobiernos e investigadores de corrupción”.
En el Legislativo
El informe también incluye a dos congresistas: Boris Roberto España Cáceres y Jorge Estuardo Vargas Morales. El primero “involucrado en una corrupción significativa cuando participó en tráfico de influencias y soborno”, según se lee en el documento. El segundo, “se involucró en una corrupción significativa y socavó procesos o instituciones democráticas cuando participó en sobornos, coacción y tráfico de influencias”.
Además figuran tres exdiputados: Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso de Guatemala, a quien mencionan que “se ha comprometido en una corrupción significativa, mientras actuaba en su capacidad oficial”.
“Estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que dañó gravemente a los Estados Unidos y la actividad económica internacional de empresas. Está designado bajo el Global Programa de sanciones de Magnitsky y la Sección 7031 (c) por participación en importante corrupción”, explica el reporte.
También Delia Bac Alvarado, exdiputada del Congreso, participó “en importantes actos de corrupción a través del mal uso de fondos públicos para beneficio personal”.
“Ella es designada bajo la Sección 7031 (c) por participación en corrupción significativa”, señala el documento.
Además, el exdiputado Mario Amílcar Estrada Orellana, “comprometido en corrupción significativa y sentenciado por los tribunales de los Estados Unidos por buscar millones del Cartel de Sinaloa de México para financiar campañas políticas”.
El listado lo completan el operador político y empresario Gustavo Adolfo Herrera Castillo, “señalado de socavar procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal superior”. Y el actual alcalde de Joyabaj, en el departamento de Quiché, Florencio Carrascoza Gámez, y quién según el listado, “socavó democráticos procesos o instituciones intimidando y encarcelando injustamente a políticos oponentes”.